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Con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que entró en vigor el pasado 5 de marzo de 2019, se introducen una serie de novedades a tener en cuenta, de cara a suscribir un contrato de alquiler de vivienda a partir de la mencionada fecha:

- La duración del contrato sigue siendo la libremente pactada por las partes pero, en caso de que esta sea inferior a cinco años si el arrendador es persona física, o siete años si el arrendador es persona jurídica, el contrato se prorrogará obligatoriamente para el arrendador hasta que éste alcance la duración de 5 o 7 años respectivamente.

Una vez haya finalizado dicho periodo, y en caso de que ni arrendador ni arrendatario comunique su voluntad de no renovarlo, el mismo se prorrogará por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más.

- La voluntad de no prorrogar dicho contrato se deberá comunicar por parte del arrendador, sea persona física o jurídica, con 4 meses de antelación a la fecha de finalización del contrato, y con 2 meses de antelación a la fecha de finalización del contrato en caso de que sea el arrendatario quien quiera expresar esta voluntad.

- Por lo que respecta a la fianza, el arrendador sólo podrá solicitar una mensualidad de renta al arrendatario en dicho concepto y, por lo que respecta a garantía adicional, se limita dicho importe a dos mensualidades de renta.

-Si hay acuerdo entre propietario e inquilino, se podrán realizar obras de mejora de la vivienda por parte del arrendador, sin necesidad de firmar un nuevo contrato, pudiéndose producir un incremento de renta.

- Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, siempre que sea una persona jurídica.

 

Publicado en Vivir de alquiler